El primer paso siempre es admitir que tienes un problema
Con 30.000 personas viviendo en la calle (datos de Cáritas de
2011) y una sangría de desahucios, a ritmo de más de 500 diarios (casi
48.000 en el segundo trimestre de 2012, según el último balance del CGPJ)
los millones de casas vacías que salpican la geografía española son, como
mínimo, un síntoma de que algo no encaja. “En España, al contrario de lo que
pasa en la mayoría de países de la Unión Europea, la vivienda vacía no se
considera una patología”, explica Javier Burón Cuadrado, ex consejero vasco de
Vivienda, profesor universitario, socio de la empresa de gestión de servicios
públicos Urbania ZH y articulista en medios especializados como ‘Cinco Días’.
En cambio, en otros países europeos con parques de casas vacías mucho menos
inflados por la burbuja inmobiliaria llevan años encarando el problema hasta el
punto de convertirlo en vergüenza nacional y, en consecuencia, lo enfrentan, ya
sea con sanciones o impuestos por mantener un domicilio vacío, ayudas a la
rehabilitación o incluso alquileres forzosos.
¿Por qué en España los síntomas se ningunean y, por ende, no se
trata este mal endémico? “Aquí se defiende la ‘sacrosanta’ propiedad privada
por encima de todo. Pensamos que el propietario tiene derecho a tener la
vivienda vacía, ocupada, en buen estado o como le dé la gana”, continúa Burón,
que cree que no se trata tanto de una visión cultural como de las pautas que
marca la estructura de poder, basada en lo que él denomina una “economía
yonki”, adicta al ladrillo y que aparta a un segundo plano los medios de
producción que tienen que ver con el intelecto, las ideas y la industria,
claves en otros países de Europa tras la Revolución Industrial. Un dato: la
inversión en I+D en países como Dinamarca, Finlandia o Suecia, superior al 3%
del PIB, dobla con creces la española (de un 1,37%, según datos de
2010 de la OCDE).
DIAGNÓSTICO (EN BUSCA DE UN RECUENTO FIABLE DE
CASAS VACÍAS)
En España ni siquiera existe un único censo preciso y
actualizado de casas vacías. Una de las bases de datos más socorridas es la del
Instituto Nacional de Estadística (INE), que estimaba que en 2001 había
3.106.442 pisos desocupados. Los datos de 2011 -este registro se realiza cada
década- se harán públicos a lo largo de 2013 y, burbuja mediante (en 10 años se
han levantado cinco millones de casas), podrían arrojar una cifra de entre
cinco y seis millones. El problema es que éste no es el único registro oficial.
Antes de desaparecer, en 2010, el Ministerio de Vivienda estimaba que había entre
600.000 y un millón de viviendas sin uso. La gran diferencia entre ambos
organismos radica en la metodología: el baremo del INE, más amplio, incluye por
ejemplo viviendas abandonadas que se caen a trozos en pueblos en los que hace
décadas que no se pasea ni un perro abandonado.
De hecho, para muchos expertos como Burón, esta cifra es
excesiva y prefieren situarla en unos dos millones y medio, un número nada
despreciable si consideramos que supone el 10% del total del parque de
viviendas en España, de unos 26 millones de casas. Incluso si partimos de ese
dato más conservador, la comparación con otros países de nuestro entorno
sonroja. En Inglaterra, la Fundación Emptyhomes trabaja para buscar
soluciones a un problema que consideran un “escándalo” y una “vergüenza
nacional”. Sus campañas han conseguido arrancar al gobierno inglés rebajas de
impuestos para los propietarios que recuperen las viviendas para su uso y la
creación de un cargo en cada ayuntamiento destinado en exclusiva a velar por la
ocupación de las viviendas vacías. Y todo eso pese a que sus cifras son mucho
menos abultadas que las españolas: cuentan con 720.000 casas vacías, el 3,13%
del parque de viviendas inglés.
En 2007, el colectivo Derivart, formado por un artista -Jesús
Rodríguez-, un ingeniero informático y diseñador -Mar Canet- y un sociólogo
-Daniel Beunza- decidió utilizar el arte como medio para mirar y hacer mirar el
problema de las casas vacías esquivando la letanía de las ristras de datos. Su
proyecto ‘Casas Tristes’ permite localizar en un mapa las viviendas
desocupadas que los usuarios documentan. Es el eje central de una “plataforma
de visualizaciones para rebatir con estadísticas algunas de las cuestiones que
se tenían como grandes verdades”, como la define Jesús Rodríguez. Al mito “una
casa cuesta el mismo porcentaje de sueldo que hace 15 años” le da respuesta un
muñeco con casco de obrero que carga de monedas la balanza necesaria para pagar
su casa. Al observar la evolución por años en la animación, el gráfico recoge
la relación entre el salario mínimo interprofesional y el precio de la vivienda
desde 1985. Si en el año de arranque el trabajador que destinaba todo el sueldo
mínimo a pagar la hipoteca tardaba 12 años; en 2006, ese mismo trabajador
emplearía 42 años de su vida para costear la misma casa.
Otra visualización muestra cómo, en relación con la
población, la construcción de viviendas en España ganó por goleada a la que se
vivió en Estados Unidos (una casa nueva por cada 23,53 habitantes vs. una casa
nueva por cada 9,2) durante la burbuja. El objetivo aquí es
“acercar conceptos complejos a todo el mundo gracias a herramientas
artísticas”, aliñadas con un “componente irónico”.
SINTOMATOLOGÍA
(las consecuencias económicas, sociales y ecológicas)
Con la mirada puesta, ya sin tapujos, en esos millones de casas
vacías, es posible que, como una madre con su primogénito, nos cueste sacarle
defectos. Para Burón Cuadrado, las consecuencias de ese enorme parque de
viviendas sin uso son tres:
1.
La económica: “Todo ese dinero destinado a comprar esas casas, a
financiar la burbuja inmobiliaria, podría haberse destinado a otras cosas como
montar negocios, la formación del capital humano…”.
2.
La ecológica: “España ha consumido un tercio de su huella
ecológica vinculada a la urbanización en el periodo que va de 1998 a 2008. Los
dos tercios anteriores los hemos gastado en 12.000 años. Tenemos un modelo
alocado, en el que cuando hay dinero, hay empleo y hay buen rollo consumimos
recursos naturales de forma desaforada”.
3.
La social: “Tenemos un nivel de desahucios histórico”.
Víctor es uno de los 400.000 desahuciados que va
dejando la crisis por el camino desde 2008. El 13 de diciembre de 2011 le
echaron del piso del que era avalista junto a su mujer y que habían comprado su
hija y su yerno. Desde entonces, esa casa en Colmenar Viejo en la que toda la
familia había vivido siete años permanece cerrada a cal y canto criando
telarañas. “Llegué de Ecuador y a los tres días me dijeron en la inmobiliaria
que firmara como avalista, que no pasaba nada, que en seis meses estaría todo
arreglado. Empezamos pagando 900 euros de hipoteca, pero llegó hasta 1.700. Aun
así, como todos teníamos trabajo, pagábamos religiosamente las cuotas. Hubo un
momento en el que nos quedamos en paro y conseguimos que nos bajaran la mensualidad
a 700 euros, pero a cambio de aumentar el plazo y, por lo tanto, la deuda. Más
tarde la cosa empeoró y entonces fui al banco a intentar negociar. Les dije que
no podía pagar más de 500 euros, pero se negaron a darme una solución. Siete
meses después nos echaron. Un día antes de la ejecución saqué mis cosas y llevé
las llaves al juzgado”.
Mientras recuerda ese momento -ahora vive en un piso de alquiler
después de haber pasado por un bajo con olor a cañerías reventadas y goteras
dibujando isobaras en el techo- se prepara para pasar una noche en la plaza
Celenque de Madrid junto a otros compañeros. Es su octavo día de protesta junto
a la sede de Bankia, contra los desahucios y para reclamar alquileres sociales
y la dación en pago, tres de los puntos que contempla la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) para la que se recogen firmas a pocos metros de
los sacos de dormir y las mantas que, durante la noche, les ayudarán a
parapetarse ante el frío. Su miedo, ahora, es que le vengan a reclamar la
deuda. “No sé para qué quieren tantas casas, la verdad”, se pregunta.
El miércoles 24 de octubre, María Morán fue desahuciada también en Colmenar Viejo. Ahora, la puerta de su casa está sellada con silicona. “Y se quedará así por mucho tiempo”, augura. “¿Qué se creen? ¿que voy a entrar? Nos sacaron como si fuéramos delincuentes. No quieres volver a un sitio en el que has sufrido tanto. Ahora mi objetivo sólo es luchar por conseguir la dación en pago y así poder liquidar la deuda”, asegura.
Ambos fueron desahuciados por Bankia. Según los datos de la
propia entidad bancaria, entre 2011 y lo que llevamos de 2012, este
conglomerado de Cajas ha aceptado un total de 4.300
daciones en pago, una cifra que incluiría no sólo los acuerdos con particulares
para cancelar la deuda a cambio de devolver la vivienda, sino también los pagos
en especie de constructoras que, desde que explotó la burbuja, cedieron a los
bancos los pisos construidos a cambio de liquidar la deuda contraída para
levantarlos.
Bankia “cuenta con un protocolo de actuación para ayudar y
estudiar todas las vías posibles para posibilitar a los clientes el pago de sus
préstamos y créditos. Las alternativas que se ofrecen son muy diversas: desde
alargamientos de plazos hasta carencias en el pago de principal, entre otras.
En último caso, y en ausencia de cualquier ingreso por parte del acreditado, la
entidad acepta la dación en pago de la deuda”, explican vía correo electrónico
desde la entidad. Desde 2009, Bankia ha realizado 80.000 adecuaciones de
préstamos, según las mismas fuentes. No parece suficiente para poner freno al
crecimiento de un stock de viviendas que, sin propietario o inquilino, no
produce beneficios. De hecho, Bankia posee viviendas vacías por un valor de más
de 4.000 millones de euros, según los datos del mes de septiembre: 2.847
millones llegaron para saldar las deudas de constructores y promotores -por lo
que serían de obra nueva- y 1.169 millones a través de desahucios por impago de
hipotecas y préstamos con la casa como aval.
TRATAMIENTO
(una mirada al hermano mayor europeo)
Focalizado el problema, procederíamos a aporrearlo hasta que
salga escaldado. Como sería nuestra primera vez, podemos optar por copiar a
otros con más experiencia. La batería de medidas europeas consiste en
“penalizaciones por mantenerla vacía, alquileres forzosos, una
fiscalidad enfocada a la vivienda en alquiler y no tanto a la compra…”, enumera
Burón. Hasta hace poco, en Holanda, estaba permitida la ocupación de las
viviendas vacías. El alquiler forzoso se aplica en países como Reino Unido,
donde el Estado se hace cargo -para gestionar su venta o alquiler- de viviendas
que estén vacías durante más de seis meses en zonas con fuerte demanda. Están
excluidas las segundas residencias, aquellas sobre las que se esté tramitando una
herencia o las que se usen esporádicamente por motivos laborales, por ejemplo.
Pero, por encima de todo, la medida estrella en la mayoría de
países es la creación de un parque público de alquiler potente -formado por
centenares de miles de viviendas a precios asequibles- y políticas públicas de
vivienda equiparables a Europa, ya que en ese aspecto “estamos en el
Paleolítico”. Como es imposible eludir los baremos de rentabilidad, Burón
recuerda: “Esos parques públicos de alquiler no son en absoluto deficitarios,
se produce un ingreso al titular”. Y, gracias a una “intervención pública
masiva” en el asunto, “quien más quien menos en todos los estados europeos han
tenido y todavía hoy tienen varios millones de viviendas públicas”.
El Gobierno, en el reciente Real Decreto de medidas
urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
incluye, además de la moratoria de los desahucios para determinadas familias,
la encomendación al Gobierno (a sí mismo, vamos) de la creación urgente, en
colaboración con las entidades bancarias, de un fondo social de viviendas con
alquileres asequibles. Pero el Gobierno no ha concretado cuándo se pondrá en
marcha, a qué precios ni qué cantidad de viviendas formarán ese parque. Eso sí,
para acceder a ellas es necesario cumplir las mismas condiciones que
para conseguir la moratoria de dos años sobre el desahucio: los ingresos de
todos los miembros de la familia no deben superar los 1.597 euros al mes, el
peso de la hipoteca en las cuentas familiares debe haber crecido en los últimos
cuatro años y suponer más de la mitad de esas ganancias mensuales. Cumplido el
requisito económico, se deberá acreditar además pertenecer a uno de los
siguientes colectivos: familias numerosas, monoparentales con hijos, padres con
hijos menores de tres años y familias en las que algún miembro tenga una
discapacidad o que el titular esté en desempleo sin prestación o que algún
miembro haya sido víctima de violencia de género. Todas estas trabas hacen
que ONG, jueces, entidades especialistas en la materia como la PAH y
varios partidos políticos consideren esta medida del Gobierno insuficiente para
frenar el problema de los desahucios y, por lo tanto, del enorme número de
casas vacías.
Para este experto en urbanismo, medidas como las emprendidas en
el resto de Europa podrían solucionar algunas de las adicciones españolas al
ladrillo, pero “tenemos un problema de politoxicomanía” que va mucho más allá.
Para desengancharnos, lo que hace falta no es una ley, sino un “cambio de
enfoque”. O, lo que es lo mismo, “que nuestro héroe fuese Steve Jobs y no Paco
el Pocero”.
CASO
CLÍNICO (voy a ponerle mi nombre a una urbanización)
Un enorme rótulo con el nombre del constructor que cedió su
avión para que Rocío Jurado se tratara en Houston recibe a la entrada de su
urbanización, su legado. El residencial Francisco Hernando ha sido, durante
muchos años, símbolo de la construcción desenfrenada y de la burbuja
inmobiliaria. Ahora, mucho más habitado que en sus inicios gracias al derrumbe
de los precios, se eleva entre la vía del AVE, un par de autopistas y un
cementerio de neumáticos en un secarral a 36 kilómetros de Madrid. Entre
bloques de edificios a medio habitar, otros totalmente deshabitados y solares
que ilustran el ‘inmobiliarius interruptus’ que vivió el pueblo toledano de
Seseña (el proyecto de 13.000 viviendas se quedó a medias), los carteles de
venta y alquiler se suceden uno tras otro, hasta pintarrajeados en el ladrillo
visto de los bajos comerciales. De 190.000 euros por un piso de dos
habitaciones a 65.000, como anuncian los rótulos más recientes del Banco
Santander, heredero de buena parte de los edificios. Los alquileres con opción
a compra, en cartelones amarillos de la CAM, ya están en 350 euros, cifras muy
alejadas de las que se barajaban durante el nacimiento, de la nada, de un
pueblo anexo a Seseña, municipio al que pertenece.
Seseña: campo de fútbol
abandonado | Foto: Gabriel Morales @g_moralesg
“Al principio, en el lago había
barcas y peces. Ahora la cascada está seca y el agua sucia”, comenta tras la
barra la dueña de uno de los quioscos del parque María Udena, llamado así en
homenaje a la señora de Pocero. “Al principio el señor lo tenía cuidado, luego
se peleó con el ayuntamiento y ahora el consistorio dice que se va a hacer
cargo. Esperemos que sea así”, continúa. Ella está satisfecha con el lugar en
el que vive y asume sus inconvenientes, como tener que pagar 40 euros al
trimestre por el transporte escolar de su hijo a Seseña para sus clases de
Secundaria. Su alquiler ha bajado, en cuatro años, 250 euros.
En el residencial Francisco Hernando las cosas han cambiado
mucho desde que ilustró la burbuja inmobiliaria en multitud de
medios, aunque sigue transpirando el legado de su constructor, que, además de
poner su nombre y el de su esposa en fastuosos rótulos marcados en piedra, no
dudó en colocar una estatua-homenaje a sus padres en una de las rotondas. En el
residencial ya tienen colegio de Primaria y en un solar se anuncia la próxima
construcción de un centro de salud. Algunos comercios, como cafeterías o un
hipermercado, salpican los bajos, muy cerca de las oficinas de agencias
inmobiliarias que intentan vender el stock aunque tengan que hacerlo a precio
de coste.
En una caseta de obra se encuentra la sede de la asociación de
vecinos, en la que se anuncian clases de batuka. Justo al lado, un campo de
fútbol invadido por los matorrales da cuenta de lo desangelado de un espacio a
medio hacer. En el estadio del Seseña C.F., un grupo de padres pasa el sábado
animando a sus vástagos a pocos metros de un cementerio de grúas y unos
imponentes bloques de edificios, todos gemelos y la mayoría sin estrenar, con
las ventanas cerradas a cal y canto. El de esta macrourbanización no es un caso
único, aunque sí uno de los más espectaculares. Toda la zona está salpicada de
colmenas de casas simétricas sin habitantes y de otras tantas con el esqueleto
a la vista, a medio levantar.
ETIOLOGÍA
(o cómo se repitió como un mantra que el ladrillo es un valor seguro)
A 31 de diciembre de 2011, según datos del Ministerio de
Fomento, el stock de viviendas de nueva construcción sin vender era de 676.038
(139.000 sólo en la Comunidad Valenciana, por ejemplo). En Castellón, ese stock
supone un porcentaje del 12% sobre el parque de vivienda total de la provincia.
Hemos construido por encima de nuestras necesidades. “El objetivo ni ha sido ni
es construir vivienda para vivir, ni equipamientos para poder utilizarlos, ni
superficie comercial para que pueda haber negocios o industrial para que pueda
haber industria. El objetivo es producir por producir. Si se vende, bien. Si
no, el Estado nos rescata”, critica Burón.
A pequeña escala, muchos ciudadanos decidieron subirse al carro
y comprar viviendas como inversión. El ladrillo, se decía antes del reventón de
la burbuja, es un valor seguro. Si una vivienda costaba 300.000 euros, la
sensación era que se tenían 300.000 euros en una caja fuerte de ladrillo,
cemento y hormigón. Pero los precios de la vivienda, como los de cualquier otro
bien, pueden subir, bajar o mantenerse. “La gente confundía precio con valor”,
sintetiza Burón.
Algunos empezaron a sumar hipotecas y ahora acumulan deudas.
Otros compraron una segunda residencia como plan de jubilación o para dejar en
herencia a los hijos. Algunos, como Consuelo, decidieron alquilarla. Ella vive
en Madrid, pero tiene otro piso con ocho años de antigüedad cerca de la
capital. Desde agosto, esa casa está vacía. “No es que no quiera alquilarlo
nunca más, pero por ahora prefiero valorarlo con más calma”, admite. Consuelo
salió escaldada tras el paso por la vivienda de su último inquilino, que le
dejó cinco meses de impagos, grifos y puertas rotos y la vivienda hecha un
estercolero. Eso sí, se llevó la ropa de cama y el menaje de la cocina.
Presentó demanda de desahucio, pero el inquilino se marchó al
finalizar el contrato antes de que se ejecutara. Después de meses de llamadas y
reclamaciones, prefiere desistir y no va a reclamar el dinero que le debe: “Me
cuesta más el abogado que la demanda”. “No me parece bien que la gente se quede
en paro y los arrendadores les echen del piso. Las cosas se hablan, yo lo
habría entendido. Pero es que sabíamos que cobraba unos 2.000 euros al mes y,
aun así, no pagaba”, recuerda.
PREVENCIÓN
(para evitar tropezar con el mismo ladrillo)
¿Los ciudadanos van a seguir confiando en la vivienda como forma
de acumulación de valor? Veremos. Si eso cambiara, el porcentaje
de viviendas en alquiler debería pasar del 13% en el que estamos ahora a más de
un 30%, la media europea. “Tenemos una oportunidad histórica de aprender la
lección”, continúa Burón, “con varios cientos de miles de viviendas vacías que
no se van a poder vender y que pueden ser alquiladas a diferentes precios”.
Pero no es optimista. “Siguen mandando los mismos grupos
vinculados a la promoción inmobiliaria, las grandes infraestructuras y los
eventos, con conexiones en el mundo financiero y político, que quieren que el
futuro inmobiliario sea exactamente el mismo que hasta ahora. Y tienen poder
para imponerlo”. No se han producido cambios profundos para revertir esa
estructura, no se ha desincentivado la especulación.
El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB),
Miguel Martín, decía hace unos días que la salida a la crisis y al
problema de los desahucios es construir más casas. El politoxicómano ni
siquiera ha ido a su primera charla de rehabilitación, porque no reconoce que
tiene un problema.
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